Un modelo, no una anomalía: La xenofobia en Sudáfrica y más allá

Lo que está ocurriendo en Sudáfrica en 2026 no es nuevo en materia migratoria. No es una aberración y no se limita a un solo país. Se trata de un modelo que se ha repetido a lo largo de continentes, décadas y sistemas políticos que, por lo demás, tienen poco en común. Pero en Sudáfrica, este fenómeno tiene un peso particular. Porque Sudáfrica, más que casi cualquier otra nación, basó su libertad en el argumento de que la dignidad humana es universal. Lo que está sucediendo ahora es una prueba de si ese argumento era sincero.

1.Lo que está ocurriendo actualmente

Lo que se observa en Sudáfrica en 2026 no es una anomalía. Es el último capítulo de un patrón documentado. Según Xenowatch, una plataforma de monitoreo desarrollada por el Centro Africano para la Migración y la Sociedad (ACMS) de la Universidad de Witwatersrand, la discriminación xenófoba en Sudáfrica no es una serie de incidentes aislados; es una realidad constante y persistente. Entre 2022 y 2025, se registraron 406 incidentes verificados, con un promedio de 103 por año. Solo en 2025, esa cifra aumentó a 151. La violencia no se limita a un rincón del país; se ha registrado en las nueve provincias, siendo Gauteng, el Cabo Occidental, KwaZulu-Natal y el Cabo Oriental los más afectados, habiendo desplazado recientemente KwaZulu-Natal a Gauteng como la provincia más perjudicada.

Lo que se ha intensificado en 2026 es la visibilidad y la organización de esta hostilidad. En ciudades como Durban, Pretoria y Johannesburgo, movimientos ciudadanos han tomado las calles para exigir una aplicación más estricta de las leyes de inmigración, centrando su objetivo en los migrantes indocumentados. Estas protestas no han sido pacíficas. Sus consecuencias han sido violentas y, en algunos casos, mortales: se ha bloqueado el acceso de los migrantes a centros de salud y estructuras educativas, dejando sus vidas suspendidas no por la ley, sino por la fuerza de una exclusión organizada.

2.El vacío legal

La frustración de los ciudadanos sudafricanos no carece de fundamento. Los llamados a un marco legal funcional y riguroso son legítimos. Un Estado que no logra proporcionar seguridad, empleo y atención médica a su propia población crea las condiciones en las que los migrantes se convierten en chivos expiatorios convenientes para fallos sistémicos que preceden, en gran medida, a su llegada. El problema, sin embargo, es que la culpa está mal dirigida. Cuando los servicios públicos colapsan, el desempleo persiste y la atención médica es inaccesible, se trata de fallos de gobernanza, no de consecuencias de la migración. Un sistema que funciona para sus ciudadanos funcionará, por definición, también para aquellos que viven dentro de sus fronteras. Reparar el Estado no es una alternativa a proteger a los migrantes. Es la misma tarea.

Lo que la ley ya establece es instructivo. En junio de 2025, la Comisión Internacional de Juristas intervino como amicus curiae en un caso ante el Tribunal Superior de Sudáfrica, instando al tribunal a aplicar el derecho internacional que protege a los migrantes y refugiados contra la discriminación, específicamente en el contexto de grupos de justicieros que llevan a cabo desalojos forzados, acoso y denegación de acceso a escuelas y hospitales. Los analistas legales han identificado, además, que la falta de armonización de la Ley de Inmigración de Sudáfrica con el derecho laboral constituye una brecha estructural que hace que los trabajadores migrantes sean legalmente invisibles, quedando expuestos a la explotación sin recurso alguno. La Constitución de Sudáfrica y sus compromisos internacionales son inequívocos: el derecho a la salud se aplica a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio.

Sin embargo, los acontecimientos recientes sobre el terreno sugieren un cambio preocupante del principio a la práctica. Grupos como Operation Dudula movilizan cada vez más a residentes comunes para exigir documentos de identidad a presuntos extranjeros, realizar «controles» informales y presionar a individuos para que abandonen espacios públicos. Esta forma de aplicar la ley a nivel callejero desdibuja efectivamente la línea entre la acción cívica y la autoridad estatal, a pesar de que, en virtud del artículo 41 de la Ley de Inmigración, los poderes de identificación, interrogatorio y aplicación de la ley están reservados a funcionarios de inmigración designados, no a ciudadanos particulares. En la práctica, esto crea un sistema paralelo donde actores informales asumen roles cuasipoliciales, lo que plantea graves preocupaciones sobre la legalidad, la discriminación y la erosión de las protecciones constitucionales.

3.Esto no solo ocurre en Sudáfrica

Sudáfrica es un caso de este patrón, pero no es el único. La misma dinámica surge en todos los continentes, en países con historias y sistemas políticos muy diferentes.

Por ejemplo, en Túnez el discurso del presidente Kais Saied en 2023, afirmando que los migrantes subsaharianos formaban parte de un complot para cambiar la composición demográfica de Túnez, desencadenó una ola de ataques racistas, desplazamientos forzados y detenciones masivas que no ha cesado desde entonces. Solo entre enero y abril de 2025, las autoridades tunecinas expulsaron al menos a 12 000 personas, incluidos menores no acompañados. La Unión Africana condenó sus declaraciones como discurso de odio. El modelo aquí no es el de ciudadanos movilizándose contra migrantes, sino el de un gobierno que utiliza a los migrantes como herramienta política mientras desmantela las estructuras legales que podrían protegerlos.

En América del Sur, la crisis de desplazamiento de venezolanos que es la más grande de la historia reciente de América Latina, con más de 7,9 millones de personas que han salido desde 2014, ha producido una forma de xenofobia más silenciosa, pero no menos dañina. Colombia, Perú, Chile y Ecuador han endurecido las restricciones, intensificado las deportaciones y fallado en proporcionar acceso al empleo formal, la salud o la educación. Casi tres cuartas partes de los migrantes venezolanos encuestados en Perú informaron haber experimentado discriminación basada únicamente en su nacionalidad. Aquí, la xenofobia no siempre parece disturbios; parece una puerta cerrada, una solicitud de empleo rechazada, una orden de deportación. El denegar la dignidad es lo mismo.

En Asia, la situación de los rohingya representa una forma extrema de este modelo, donde no es la migración irregular, sino la propia apatridia lo que se utiliza como arma. Privados de ciudadanía en Myanmar durante décadas, más de un millón de rohingya están ahora desplazados por Bangladesh, Malasia, Tailandia e India. En 2025, India, Malasia y otros gobiernos implementaron políticas cada vez más hostiles hacia los rohingya, incluyendo detenciones y deportaciones, contra un pueblo que no tiene país al cual regresar. Esto no es un fallo en la gestión de la migración; es la destrucción deliberada y sostenida del derecho a existir de un pueblo, donde sea que esté.

En Belfast, hace apenas unos días, el patrón tomó otra forma: reactiva, violenta y basada en el castigo colectivo. El 8 de junio de 2026, un hombre fue brutalmente apuñalado en una calle de la ciudad. El sospechoso, un solicitante de asilo sudanés, fue acusado de intento de asesinato; la ley se aplicó, un individuo fue responsabilizado. La víctima, Stephen Ogilvie, de 44 años, sufrió heridas que le cambiaron la vida y, según informes, perdió un ojo. Él merecía ser el centro de esta historia. En cambio, en cuestión de horas, hombres enmascarados incendiaron casas donde se creía que vivían inmigrantes, quemaron un autobús y lanzaron bombas incendiarias a la policía. Una comunidad sudanesa que no tenía nada que ver con el ataque se vio bajo asedio. Su propia familia pidió paz y declaró que no querían que se ejerciera violencia en su nombre.

Aquí es donde la distinción es fundamental. La culpa, cuando está justificada, debe aplicarse de manera precisa, individual y a través de un proceso legal legítimo. El hombre que cometió ese ataque enfrenta cargos. Eso es correcto; así funciona la rendición de cuentas. Lo que no es correcto es trasladar esa culpa a toda una comunidad, a familias en sus hogares, a dueños de negocios que casualmente comparten una nacionalidad o un origen con alguien que nunca han conocido. El castigo colectivo no es justicia. Es un segundo crimen cometido en nombre del primero, y deja a la víctima real aún más olvidada con cada edificio que arde.

Del mismo modo, identificar la migración irregular como un problema sistémico no es lo mismo que identificar a los migrantes como un problema. Lo primero es una observación política; lo segundo, una deshumanización. La confusión (a menudo deliberada) entre ambos es precisamente lo que permite a los actores políticos movilizar agravios legítimos hacia fines ilegítimos. El sistema puede estar roto sin que las personas que lo navegan sean culpables de sus fallos.

4.El derecho a actuar y la obligación de hacerlo humanamente

Nada de esto significa que las preocupaciones de los ciudadanos sudafricanos carezcan de mérito. La migración indocumentada no crea los problemas estructurales que enfrenta Sudáfrica, pero puede amplificarlos. Cuando los servicios públicos ya están tensos, el desempleo es alto y la vivienda es escasa, la llegada de personas en situaciones precarias hace que esos fallos existentes sean más visibles y agudos. Quienes migran de manera irregular no son los autores de esos fallos; llegan a ellos, a menudo huyendo de condiciones tan desesperadas como las que encuentran. Los ciudadanos tienen todo el derecho a exigir que su gobierno aborde esos problemas estructurales, a pedir un sistema de inmigración funcional y a esperar que el Estado gestione sus fronteras mediante procesos legales responsables. La regularización de quienes ya están presentes y la deportación ordenada, cuando esté legalmente justificada, son instrumentos legítimos de ese sistema. Lo que no es legítimo es la externalización de esa responsabilidad a grupos de justicieros, o tratar el estatus irregular de otra persona como motivo para negarle atención médica, educación o seguridad básica.

La cuestión no es si el Estado debe actuar, sino si lo hace con la ley, con el debido proceso y con humanidad.

Lo que está en juego no es una estadística migratoria. Es si el umbral de la dignidad humana se mantiene, si puede ser suspendido en una frontera, o revocado por un grupo de justicieros. La respuesta que da el derecho internacional de los derechos humanos es inequívoca. La respuesta que varios gobiernos están dando actualmente en la práctica es algo completamente distinto.

Sudáfrica tiene el marco constitucional y legal necesario para abordar sus verdaderos desafíos mientras defiende ese umbral. Lo mismo ocurre con la mayoría de los países donde se desarrollan estas escenas. Lo que falta no es la ley; lo que falta es la voluntad política para aplicarla con igual humanidad, independientemente de dónde haya nacido alguien.

Fuente adicional:

• Human Rights Watch. (2025, 28 de agosto). India: Scores of Rohingya refugees expelled. https://www.hrw.org/news/2025/08/28/india-scores-of-rohingya-refugees-expelled

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